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Fiscalía anuncia investigación al excontralor Edgar Alarcón

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El Ministerio Público dispuso formalizar la investigación preparatoria contra el excontralor Edgard Alarcón en calidad de presunto autor del delito de peculado doloso en agravio del Estado, al haber autorizado pagos presuntamente irregulares a más de un centenar de exfuncionarios de la Contraloría General de la República. Se informó que, entre ellos, estaría Marcela Mejía Franco, madre de sus dos menores hijos, quien se habría beneficiado con el pago de 127,000 soles. La medida fue adoptada por la titular de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa Especializada en delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima, Zoila Sueno Chirinos, como parte de la investigación tras la denuncia efectuada por el auditor de la Contraloría, Walter Grados Aliaga.

 

De acuerdo a la información obtenida preliminarmente por la fiscal Sueno, sería un total de 121 convenios de término de contrato de trabajo por mutuo disenso los que se habrían celebrado bajo la anuencia de Alarcón Tejada, quien se desempeñó como gerente general de la institución en el 2010. Dichos convenios se habrían realizado contraviniendo diversas disposiciones, como la del Ministerio de Economía y Finanzas donde se establece que debe contarse con un informe favorable de este portafolio.

 

De esta manera, más de un centenar de servidores de la Contraloría General de la República se habrían beneficiado con el pago de incentivos de un sueldo y medio por año, ocasionando con ello un grave perjuicio al Estado pues ese beneficio solo se da en casos en que un trabajador es despedido arbitrariamente.

 

La disposición fiscal comprende a 118 funcionarios de la Contraloría, quienes habrían actuado irregularmente en la emisión de las liquidaciones por beneficios sociales y aprobación de comprobantes de pago, pese a tener conocimiento que ello era ilegal pues contaban con un informe de la Gerencia Legal de dicho organismo en que se indicaba sobre la irregularidad de los actos.

 

Entre los funcionarios comprendidos en la medida figuran exgerentes de Gestión y Desarrollo Humano y exgerentes de Finanzas. Además, está incluido el alcalde de La Molina, Juan Carlos Zurek Pardo, quien habría dispuesto la contratación de Marcela Mejía Franco en calidad de asesora del Órgano de Control Institucional de dicho municipio, pese a no reunir los requisitos para ejercer el cargo. Se estableció además un plazo de ocho meses para la realización de diversas diligencias, que comprenden la toma de declaraciones a los exfuncionarios involucrados. (Fuente: Ministerio Público)

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